El PSOE recrimina a Molina el aprobar los Presupuestos de 2022 con tanto retraso

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barbate ha expresado su malestar por la aprobación de los Presupuestos Municipales del corriente año estando ya en la segunda mitad del mismo. Así, desde el PSOE aseguran que “sigue el señor alcalde, con sus líos y enredos, y el último ejemplo es el Pleno para aprobar los Presupuestos de 2022, que en teoría deberían haber estado aprobados antes de diciembre de 2021”.

Los socialistas explican que “llevar a aprobación en esta fecha los Presupuestos resulta absolutamente inútil desde un punto de vista práctico, ya que ahora tiene que ir al Ministerio de Hacienda para que lo informe, pasar los trámites de exposiciones públicas, etc. Es decir, que en el mejor de los casos, podrá acabarse el trámite en octubre o noviembre. Por ello, un mes antes de finalizar el año en el que debería ejecutarse ese presupuesto”.

Ante esto, “el señor Molina tendrá nuevamente la excusa de culpar a alguien, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, antes que reconocer de una vez por todas, su incapacidad para hacer las cosas que obligatoriamente y por ley tiene que hacer”, afirman desde el PSOE, que en el Pleno han votado en contra de la moción presupuestaria.

Los socialistas también comentan las palabras del alcalde sobre dos sentencias judiciales que el Ayuntamiento deberá contemplar, siendo una de ellas la de la UTE Barbate Azul, que corresponde a la legislatura comprendida entre 2003 y 2007, en la que gobernaba el PP en coalición del PA, formación previa a la creación de AxSí. Por tanto, el PSOE destaca que se trata de una “auto herencia” de los suyos. “Y lo más grave de todo, es que el señor Molina dijo en un Pleno, que había llegado a un acuerdo para el pago correspondiente a Barbate Azul; por tanto, otra mentira más”, señalan desde el PSOE.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha destacado que “el señor Molina pasa los ingresos de 25 a 30 millones de euros, pero esto tiene la explicación de que sube el techo de gastos de 17 a 22 millones de euros. Por tanto, como dice el refrán: “el que hace la ley, hace la trampa”.